Menos punitivismo, más derechos para todas

Este 25 de noviembre llega atravesado por la polémica generada en torno a la ley del “sí es sí” a partir de que se dieran a conocer casos de revisión de penas a la baja en condenas por delitos sexuales. La derecha ha cargado contra la ley y la ministra Irene Montero, apareciendo como los grandes protectores de las mujeres, colocándonos una vez más como víctimas y seres débiles a los que proteger. No es la primera vez que la derecha, y la extrema derecha, utiliza el miedo a la violencia sexual para alimentar sus discursos de odio, contra los migrantes o contra los derechos y libertades fundamentales, que no caen en el vacío sino que encuentran más eco en un contexto en el que vivimos un giro autoritario y reaccionario. Proteger a las mujeres se usa para endurecer el código penal para las, les y los de abajo, en un contexto de crisis durísimo, donde la libertad de expresión, de protesta y de lucha se ve cada vez más recortada.

Tenemos muy claro que no se ataca una ley o a una ministra, se ataca al feminismo, se pone en cuestión las conquistas y derechos que hemos ido consiguiendo desde el movimiento feminista. Hoy, especialmente tras lo visto estos días en el Congreso de los Diputados, con Vox haciendo gala de su machismo, volvemos a decir que cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Ahora bien, la sororidad entre nosotras no debe impedirnos expresar nuestras diferencias en torno a la ley y sus limitaciones. Nos preocupa que prime un enfoque punitivista que pone todo el acento en el código penal, o que se sigan generando normas que estigmatizan y criminalizan el trabajo sexual. Precisamente por lo que ello supone en el momento actual, en el que nos jugamos frenar o no a la derecha, avanzar o no en derechos. Derechos que tienen que ser para todas y no solo para algunas.

Por otra parte, también nos duele ver como el cartel de la manifestación “oficial” del 25 de noviembre en Madrid lleva como lema “El machismo mata, viola, explota y borra a las mujeres, ¡basta ya!”. Muchas sabemos a qué hace alusión ese borra. No se refiere a cómo las mujeres hemos sido invisibilizadas a lo largo de la historia en un mundo androcéntrico, se refiere a las trans. Resulta especialmente violento cuando son los cuerpos trans, y especialmente las mujeres trans, quienes han sufrido el repunte de las agresiones sexuales en todo el mundo. La transfobia viene atravesada de una misoginia más que evidente. Tras el ataque a la ley del sí es sí va también la puesta en cuestión de la ley trans, que no borra a las mujeres sino al patriarcado.

La ley del sí es sí supone un avance innegable que nos reconoce como sujetos con capacidad de decidir sobre nuestras relaciones sexuales, por primera vez reconoce la violencia sexual contra las mujeres, sin embargo, a la misma vez, nos vuelve a victimizar al volcarse en una solución punitivista. Que las agresiones no gocen de impunidad no pasa necesaria ni únicamente por el código penal. Las mujeres no necesitamos una ley, y un estado, que nos proteja y nos victimice una vez más, sino políticas que vayan a la raíz de las desigualdades que generan las violencias que sufrimos.

A 20 años de la ley contra la violencia de género ¿cómo responder a las violencias machistas?

Hemos avanzado mucho y sabemos que los cambios legislativos son importantes, aunque tienen sus límites y no vamos a resolver el problema de las violencias solo cambiando las leyes. Su desarrollo y posterior aplicación es también importante, además de los cambios reales, profundos, en las estructuras sociales. Si la violencia machista, como ya sabemos, es estructural, la violencia directa no cesará hasta que no derribemos el patriarcado y vivamos en sociedades no patriarcales. Sin perder de vista cómo el capitalismo se apropia de la opresión de género y se vale del patriarcado para sostenerse, debiendo pasar esos cambios estructurales también por romper el capitalismo.

La violencia machista directa es la violencia visible, la que nos golpea; la que ejercen hombres contra mujeres por el hecho de serlo, como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, tal y como se expone en la exposición de motivos de la Ley la Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y, a casi 20 años de la entrada en vigor de dicha ley, cabe hacer algunas reflexiones.

La ley supuso un reconocimiento de la existencia de esa violencia estructural que sufrimos las mujeres, y que se expresa en numerosos ámbitos, aunque su aplicación se redujo a las violencias que sufrimos en el ámbito de las relaciones íntimas. Como ley integral reconoce que el abordaje y las respuestas a estas violencias debe ser multidisciplinar e incluye medidas en numerosos ámbitos: en la prevención, en el entorno educativo, en los medios de comunicación y la publicidad, en la atención a las víctimas… y por supuesto, como la propia ley señala, “se abordará con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que la ley regula”.

Si nos fijamos en el ámbito por ejemplo de la publicidad, cabe señalar que su aplicación aquí no se ha hecho “con decisión”. En estos casi 20 años, hemos visto muchas campañas del movimiento feminista denunciando, por ejemplo, los catálogos de juguetes en rosa y azul cada navidad, y pocas, o ninguna, medidas (¿multas al menos?) dirigidas a las empresas responsables para que esto no se produzca. Respecto al ámbito educativo, se podría haber avanzado mucho más también. Y a nadie que haya tenido que acudir o haya acompañado a una víctima, se le escapa la absoluta insuficiencia de recursos y de acompañamiento, ni la necesidad de acabar con la violencia institucional que nos revictimiza y paternaliza. Por no hablar de cómo lograr desmontar las masculinidades patriarcales.

La idea sería la siguiente; si seguimos generando hijos sanos del patriarcado, no podemos pensar que el problema se va a resolver con aplicar a posteriori con dureza el castigo que merecen por las violencias que ejercen. La aplicación del Código Penal, en el fondo, es el fracaso de la prevención de las violencias, es la última respuesta que tiene el Estado, no debería ser la primera ni la principal. Hay suficiente evidencia para afirmar que el endurecimiento de las penas no lleva consigo la eliminación de la violencia. Poner el foco en las violencias estructurales y simbólicas, más que invertir esfuerzos en ver qué penas aplicar cuando la violencia directa acontece, es el camino para reducir crear sociedades libres de violencias, así como poner todos los medios y recursos necesarios para quienes la sufren. Denunciar sirve de poco si al hacerlo estás sola.

Además, un efecto indeseado que ha tenido la aplicación de una maquinaria punitiva bien engrasada, sin acompañarla de las otras respuestas, ha sido el clima de victimización en el que los hombres se están moviendo actualmente. Esa idea que está en el imaginario actual de que ahora una mujer tiene el poder de arruinarte la vida con solo poner una denuncia. La insistencia en las denuncias falsas o los relatos de un hombre al que denunció una mala mujer para vengarse de él, por ejemplo. Se expresa con frecuencia eso de que si es verdad que lo pague, pero que no se puede criminalizar a los hombres por lo que hacen unos pocos, volviendo a instaurarse el relato de que las violencias son un problema individual, no social.

Menos punitivismo

Hablamos de punitivismo cuando se utiliza el derecho penal para responder a la problemática social. Cuando el modelo de Estado no es el del “bienestar”, sino que las instituciones están más preocupadas por priorizar la seguridad, por instaurar un modelo de control policial, penal o carcelario, y por aplicar políticas criminalizadoras. El populismo punitivo introduce la idea de que el agravamiento de las penas va a traer consigo una reducción de la criminalidad y los poderes políticos utilizan esta idea para conseguir rédito electoral y fortalecer el control social. Todo ello acompañado de la alarma social creada por los medios. El ‘okupa’ malvado que te va a quitar la casa cuando te vayas de vacaciones, el inmigrante ilegal que viene a quitarnos el trabajo, los peligrosos “menas”, etc.

Actualmente, estamos asistiendo a un peligroso aumento del punitivismo en nuestro Estado. Un incremento de las penas en casi todos los delitos. Un endurecimiento para acceder a los beneficios penitenciarios, promulgación de nuevas medidas como la prisión permanente revisable, etc. En definitiva, una deriva autoritaria y regresiva muy peligrosa.

Por ejemplo, para acabar con el acoso que sufren las mujeres en la entrada de las clínicas abortivas, ¿es necesario tipificar ese acoso como un delito específico y que haya un policía en cada centro para protegerlas? ¿O es más eficaz luchar porque el aborto se lleve a cabo en los hospitales públicos, y que no existan esas clínicas privadas que solo se dedican a ello y que son donde se producen esas situaciones de acoso?

Los delitos de odio, ¿fueron una victoria de los movimientos que luchamos por la transformación social? ¿Cómo es posible que activistas hayan sido denunciados por delito de odio a la policía cuando ese tipo delictivo no estaba desarrollado para ello? ¿Nos sirve que condenen al patrón explotador y violador de las temporeras de la fresa a muchos años de prisión? ¿O para impedir esas violencias que sufren esas trabajadoras migrantes habría que acabar, entre otras cuestiones, con la ley de extranjería?

El feminismo punitivo es aquel feminismo que considera que el refuerzo de la actividad policial, la persecución judicial y el encarcelamiento constituyen el arma principal, o un arma eficaz, para combatir la violencia contra las mujeres. No aborda las desigualdades sociales y económicas o la violencia estructural. No va a la raíz y se queda solo en algo paliativo. Pone el foco en lo particular, en lo específico, como si fuera un problema individual de los agresores y la solución, el castigo.

Más derechos, apoyo mutuo y autoorganización feminista

Como hemos visto, tenemos que abordar la violencia de género como un problema estructural, que requiere más de medidas de prevención que de castigo. Y, para ello, debemos centrar el debate, no tanto en las penas, sino en cómo cambiar las estructuras que las sustentan. Necesitamos recuperar el potencial de un feminismo de clase, antipunitivista y antirracista que, en el camino hacia lograr vidas libres de violencia, también mejore la vida de todos y todas. Y, en este camino, debemos distanciarnos de la utilización del feminismo para frenar derechos, buscando soluciones que reparen el daño mediante la redistribución de la riqueza de forma directa e indirecta. “Defund the police” –Desfinanciar la policía–, el lema que ha popularizado el movimiento Black Lives Matter marca el camino: más recursos en los barrios, menos represión.

En este sentido, un abordaje feminista de las violencias deberá poner el foco tanto en las medidas de prevención integrales como en la transformación del sistema judicial para avanzar hacia una verdadera justicia feminista.

En relación a la prevención, un elemento fundamental es la garantía de derechos para romper con la dependencia y las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres, que las exponen a sufrir todo tipo de violencias. Para ello hay que garantizar el derecho a la vivienda en condiciones dignas, el derecho a la salud tanto física como mental, el transporte público (en especial en las zonas rurales más aisladas), el acceso a trabajos dignos y con derechos laborales garantizados, el derecho colectivo al cuidado, etc. Pero también hay que poner fin a las leyes que vulnerabilizan a las mujeres, como una ley de extranjería que las obliga a vivir y trabajar durante 3 años o más de forma irregular o una ley contra la violencia sexual que criminaliza a las trabajadoras sexuales.

Además, es importante seguir incidiendo en la importancia de la educación afectivo-sexual, especialmente en un contexto de retroceso impulsado por el avance de la extrema derecha. Un esfuerzo que tiene que ir acompañado de la defensa de la libertad sexual para contrarrestar los discursos que promueven el terror sexual y el control de las mujeres como única forma de prevenir las violencias. Y superar, como afirma Laura Macaya, las medidas paternalistas que reproducen un modelo de feminidad victimizador y que no promueve la capacidad de las propias mujeres de poner límites y buscar estrategias de autodefensa.

Por otra parte, la justicia feminista debe partir del principio básico de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Cuatro pilares que el actual sistema de justicia patriarcal no cumple ni mucho menos. Es por ello que nos parece peligroso poner el foco en las penas, porque nos hace perder de vista otras demandas imprescindibles como la garantía de procesos justos, que no revictimicen a las víctimas, ni pongan en duda su palabra; medidas para poner fin a la impunidad, que amplíen las investigaciones judiciales y superen la actual dificultad para demostrar los hechos; estrategias de protección integral a las víctimas, etc. Y, sobre todo, procesos que superen ese patrón perverso que distingue a las víctimas en función de si cumplen con el ideal de “buena mujer” o “buena víctima”. La que salía a correr, por ejemplo, frente a la que estaba de fiesta y drogada; o la que muestra su sufrimiento, frente a la que ha podido rehacer su vida.

Así mismo, un proceso enfocado a la reparación y la garantía de no repetición no se puede centrar exclusivamente en la vía carcelaria. Primero, porque las cárceles hoy en día no son espacios que favorezcan la rehabilitación; además, iniciar un proceso judicial no garantiza a la víctima que su agresor vaya a acabar preso, con el consiguiente riesgo de que se acabe produciendo una escalada de violencia sin medidas eficaces de contención (algo parecido a lo que puede ocurrir cuando las medidas pasan por la expulsión de la comunidad u organización). Y segundo, porque la reparación de las víctimas no puede basarse en una lógica vengativa, sino que debería contemplar mucho más la dimensión simbólica (por ejemplo que los acusados reconozcan el daño y pidan perdón a las víctimas) y la restauración de derechos (económicos, sociales, etc.).

Las alternativas a este modelo están en construcción, con numerosos ejemplos de estrategias de autodefensa, organización comunitaria y acompañamiento que, aunque no planteen propuestas replicables en todos los contextos, sí que nos dan algunas pistas sobre cómo avanzar sobre dos propuestas clave: la justicia restaurativa y el fortalecimiento de las comunidades.

Las formas de aplicar la justicia restaurativa en casos de violencia machista aún están en debate, pero queremos destacar dos principios que nos parecen interesantes. Por un lado, la importancia de poner el foco en la persona que ha sido agredida y en sus necesidades para la reparación y, por otro lado, la responsabilización no sólo del agresor directo sino también de las estructuras (comunitarias, públicas, etc.) que permitieron o facilitaron que se produjera la agresión.

Ligado a esto, diferentes colectivos (como Casa Comunidad en Argentina o AAMAS en Manresa) ponen énfasis en la importancia de fortalecer las comunidades y hacerlas más diversas, y para ello destacan la importancia de las alianzas transversales entre diferentes sectores de lucha y la utilización de metodologías que no supongan una barrera para la participación. Para ellas el trabajo comunitario es importante; por un lado, para la prevención, la formación y la transformación antipatriarcal; y, por el otro, para poder responder a las violencias de forma colectiva. Esta respuesta permite acompañar a las víctimas fomentando su autonomía, generar mecanismos de autodefensa y protección comunitaria, además de buscar estrategias para la reparación que –en función del caso y el contexto– pueden vincularse a los circuitos de protección y justicia estatales o tejerse por fuera de él.

Como decimos se trata de un camino a recorrer, que no está libre de contradicciones y dificultades, pero que consideramos necesario para no quedarnos atrapadas en el estrecho marco de lo punitivo, que no nos está ayudando a lograr vidas libres de violencias para todas.

María Lobo, Patricia Amaya y Júlia Martí forman parte de la Secretaría Feminista de Anticapitalistas.

 

 

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